La Asociación de Personal Universitario Contratado “Capítulo 6” a tenor de las declaraciones realizadas por el Sr. Secretario General de la Universidad de Huelva, Prof. Dr. Juan Gorelli Hernández, en la sesión ordinaria del Claustro Universitario celebrado el pasado 16 de diciembre de 2016, desea aclarar ciertos aspectos de su intervención con vistas a no manchar el buen nombre de la institución, de su personal, así como del colectivo al que representamos, que solo busca la legalidad y el buen hacer en la gestión de los recursos públicos.
A continuación le indicamos nuestro punto de vista sobre los asuntos referidos por el Secretario General.
1. Durante la campaña para las elecciones a Rector del año 2013, el candidato Francisco Ruiz manifestaba en sus mítines su clara intención de suprimir la figura del personal técnico contratado “Capítulo 6” y la finalización de dichos contratos.
Algunas personas integrantes de este colectivo de trabajadores, actuando siempre siguiendo la legalidad vigente, deciden solicitar el carácter indefinido de su vinculación contractual con la Universidad de Huelva, de acuerdo con la legislación laboral existente.
Igualmente, hay que aclarar que los trabajadores no solicitaron ser declarados personal fijo, ya que esa acción no está reconocida en la legislación, pero sí la indefinición de los contratos al existir concatenación de más de 24 meses de duración. Esto no implica, en absoluto, que 160 trabajadores/as pasen a formar parte de la plantilla FIJA de la Universidad. Estas personas simplemente ejercieron un derecho recogido en la legislación laboral como haría cualquier otro trabajador que se hubiese visto amenazado en las mismas circunstancias.
El hecho de jactarse de que los despidos se produjeron como consecuencia de la reclamación de la indefinición de los trabajadores conlleva dos consecuencias de tremenda relevancia para esa Universidad:
• La primera de ellas es que se hace gala de una ilegalidad manifiesta, es decir, como los trabajadores reclaman un derecho, la Universidad les despide, una actitud contraria a los derechos fundamentales de cualquier trabajador y más propia de regímenes que deberían desaparecer y creíamos pasados en una sociedad democrática.
• La segunda es que los dirigentes de esta Universidad no tiene reparos en presumir que se cometen ilegalidades a su buen criterio, lo que nos causa una sensación de pena y a la par de profundo miedo, por ver en manos de quién se encuentra esta institución, y sobre todo de cuáles serán sus límites, si es que los tienen, arbitrariedades prohibidas en la legislación vigente para una Administración Pública que parece olvidar sus principios rectores por los principios del equipo rectoral.
2. Señalar que los Tribunales de Primera Instancia de las Salas de lo Social Huelva declararon que todos los DESPIDOS efectuados por la Universidad de Huelva entre septiembre del año 2013 y enero de 2014, bajo la causa de extinción de contratos, fueron DESPIDOS NULOS, ya que el actual Equipo de Gobierno de la UHU no cumplió con los procedimientos laborales exigidos en la legislación vigente, incurriendo por tanto en una flagrante ilegalidad. La calificación de DESPIDO NULO de las sentencias formuladas por todos los tribunales de lo social se fundamenta no en la fórmula de contratación, sino en la forma en que la Universidad trató de extinguir las relaciones laborales ejecutando un Expediente de Regulación de Empleo no ajustado a derecho, es decir, un ERE encubierto.
Es más, así lo reconoce implícitamente la propia Universidad cuando en los recursos a las sentencias dictadas y dirigidos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sólo pone en duda el salario que han de percibir los trabajadores, validando así el resto de argumentos contemplados en las sentencias.
Tal y como establecen las sentencias de los Tribunales de lo Social de los Juzgados de Huelva y que han sido ratificadas por el TSJA, se realizó sobre nuestro colectivo un ERE encubierto. En su intervención en el Claustro, el Sr. Secretario General alegaba que las causas que les llevaron a no tramitar conforme a la legalidad un Expediente de Regulación de Empleo en diciembre de 2013 fueron que se verían afectadas personas de otros colectivos y no exclusivamente las contratadas por obra y servicio del “Capítulo 6” (obra y servicio que los Tribunales han considerado que no eran tales al ser funciones estructurales), lo que demuestra una vez más la discriminación, persecución y acoso sufrido por este colectivo de trabajadores.
3. No se entiende la ausencia total de autocrítica del actual Equipo de Gobierno en la gestión de este conflicto laboral que provocaron ellos mismos hace ya más de tres años, ni tampoco su interés en enfrentar a compañeros y compañeras cuyo único objetivo común es tratar de desarrollar de la mejor manera posible las labores encomendadas para conseguir una Universidad relevante y puntera en todos sus ámbitos: docencia, investigación y transferencia.
4. Resulta llamativo igualmente la facilidad con que el Sr. Secretario General cambia los motivos de los despidos según el interés propio o del Consejo de Dirección. Si bien unas veces esgrime como causas de nuestros despidos la temporalidad de los contratos, en otras ocasiones, sin embargo, alega causas económicas derivadas de la falta de financiación o bien la desaparición de nuestras funciones o servicios.
5. El Sr. Secretario General en su intervención ante el Claustro también deja evidencias de la “vanidad” derrochada por este Equipo de Gobierno al considerar que la decisión de los despidos del Personal “Capítulo 6” fuera probablemente la decisión más importante que la Universidad de Huelva ha tomado en la última década. Esta afirmación dicha de esta manera y ante un órgano de la importancia del Claustro Universitario no hace sino desprestigiar a nuestra Institución y denota la talla de quien la refiere.
6. También afirma “que el colectivo Capítulo 6 lo formaban 160 personas y de ellas sólo 56 consideraron la posibilidad de demandar a la Universidad en pleno derecho”. Según certificó la propia Institución a los Tribunales de lo Social fueron “solo” 99 las personas despedidas. En palabras del Sr. Secretario General, la UHU pasó de tener un “problemón” a tener un “problema”, pues se redujo el número de trabajadores a una tercera parte. Sin embargo, al Sr. Secretario General se le olvida decir que “curiosamente” hubo personas de entre las 99 despedidas que no decidieron denunciar su despido y que de nuevo “casualmente” muchas de ellas se encuentran trabajando actualmente en la Institución, aunque desconocemos los procedimientos legales para sus contrataciones, en algunos casos, cuando en otros son manifiestamente ilegales al emplear a personal Autónomo para realizar funciones de personal laboral, otra muestra más, y casi hemos perdido la cuenta, del doble rasero que tiene este Equipo de Gobierno para dirigir la Universidad.
7. Como ya ha manifestado el Sr. Secretario General en varias ocasiones, el objetivo del Equipo de Gobierno pasa por volver a despedir a las personas que componen este colectivo una vez que las sentencias de los Juzgados de la Sala de lo Contencioso Administrativo sean firmes. El Consejo de Dirección se está jactando de manera habitual de que hasta la fecha dichas sentencias en Primera Instancia vienen considerando la nulidad de los procesos administrativos por los que se formularon dichas contrataciones, como así lo habrá recibido en continuos correos dirigidos a la Comunidad Universitaria, si bien lo que se deduce de estas sentencias no es sino reflejar la mala praxis del personal funcionario que ejecutó dichos contratos. Sentencia esta que para nada ayuda al buen nombre e imagen del personal de nuestra Institución. De ahí que no se entiendan sus continuos mails dando difusión a tan negativo proceder, dando versiones interesadas, ya que, en ningún caso puede recaer sobre el trabajador el mal funcionamiento de los servicios de contratación.
8. Por último, queremos dejar constancia de que como consecuencia de las decisiones políticas tomadas para este procedimiento, la Universidad tiene que hacer frente a un considerable sobrecoste económico y que todos sufragamos con nuestros impuestos, además de abocar a un deterioro de la imagen de nuestra Institución, enquistando un problema y no buscando el bien general conforme a la legalidad, favoreciendo un buen clima de trabajo y compañerismo.
